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Cierre de un año complejo en materia de derechos humanos en Chile

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Escribe: Dr. Cristian Cruz (*) desde Chile

 

El año 2016 ha sido un periodo complejo, lleno de dificultades y que termina con nubes negras en el ámbito de los derechos humanos en Chile.

 

Respecto a los casos judiciales de la dictadura cívico-militar, hay una multiplicidad de procesos pendientes por desapariciones forzadas y ejecutados políticos sobre los que hay un interés evidente desde el Estado para su pronto cierre, lo que nos preocupa ya que no todas los expedientes están en un mismo estado de avance y posibilidad de condena. En cuanto a la verdad, paso previo a la justicia, se han conseguido importantes cuotas de la misma, pero falta mucho, en especial sobre el destino de los detenidos desparecidos, que sigue oculto gracias a los pactos de silencio de las FF.AA., lo que se va favorecido por el rol casi cómplice, a lo menos temeroso, de algunas autoridades de gobierno.

 

Este año finalmente fue procesado Juan Emilio Cheyre, quien fue Comandante en Jefe del Ejército en el gobierno de Ricardo Lagos, existiendo toda una campaña de Ministros de Estado y diversos personeros del gobierno de la Presidenta Bachelet para impedir que ese militar fuese y continúe enjuiciado. Esas presiones persisten y son el claro compromiso de nuestra democracia con los violadores a los derechos humanos. Relevante es indicar que nuestro sistema electoral está cargo de un órgano llamado SERVEL, uno de cuyos directores es precisamente Cheyre, quien tras ser procesado a mediados de año y debido a los reclamos de la ciudadanía se vio obligado a presentar la renuncia a la Pdte. Bachelet, la cual no se la ha aceptado, por lo que sigue en esa cargo en el SERVEL.

En cuanto a la temática de los torturados durante la dictadura, que se contabilizan por miles, no hay una política gubernamental, ni siquiera una dependencia u oficina, que busque se inicien los juicios o recaben los antecedentes que permitan la persecución de los represores. Uno de los compromisos de Bachelet fue a lo menos propender a que se terminaría con el secreto de 50 años para determinada documentación, en manos del Estado y debidamente clasificada, sobre las torturas durante la dictadura que sufrieron los chilenos, lo que no ha ocurrido.

 

Hoy se pretende, por la derecha, el empresariado, sectores de las iglesias católica y evangélica (el Capellán Evangélico de La Moneda, la casa de gobierno, dijo que se debía olvidar y perdonar), evidentemente las FF.AA. y partidarios del gobierno (entre ellos el Ministro de Justicia, la Subsecretaria de Derechos Humanos y varios parlamentarios) que, mediante el artilugio de los "beneficios carcelarios", los violadores a los derechos humanos obtengan su libertad y gocen de una impunidad, a lo menos parcial, para lo cual aducen la edad, el que algunos habrían pedido perdón (por lo que casi exigen se les perdone) y supuestas enfermedades terminales de los mismos. Ello en un contexto en que los agentes enjuiciados corresponden a un porcentaje menor de los que fueron partícipes de las violaciones a los DDHH, que las penas aplicadas a tales son relativamente menores o no se condicen con la gravedad de los delitos perpetrados. Frente a todo ello la presidenta Bachelet dijo que el mero pedir perdón no es suficiente, añadiendo que no ha tomado una decisión, es decir tiene las  puertas abiertas para indultos (directos o encubiertos) en favor de los agentes represores.

 

También este año hemos visto incremento de la violencia o abuso policial en manifestaciones,  contra las comunidades mapuches y también en procedimientos policiales comunes. Estupor ha causado el maltrato (se han presentado querella por torturas), muerte y asesinato de niños en hogares de menores, sin que el gobierno tome medidas profundas y serias sobre ello.

 

De extrema gravedad es que, en lo que esperamos sea un hecho aislado, en septiembre del año pasado, en pleno gobierno de la Presidenta Bachelet la policía de Carabineros detuvo e hizo desaparecer a un joven de 23 años, quien padece de una enfermedad mental, al que llevaron al desierto y hasta el presente no indican su paradero. Si bien es cierto no se trata de una política de Estado, no ha existido un actividad o gestión real ni en sede judicial desde el gobierno para perseguir a los responsables. 

 

Como punto positivo destaca la llegada de una nueva dirección al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido una política más activa en la indagación y persecución respecto de los casos de abuso y crímenes contra los derechos humanos (en especial respecto a los que afectan a menores de edad), obrando con mayor transparencia y sin la discriminación de la anterior jefatura.

 

En lo que versa a Chile y Uruguay, es una burla que dos oficiales, hoy en retiro, del Ejército uruguayo que fueron condenados el año 2015 a más de 10 años de cárcel por el crimen del chileno Eugenio Berríos, que fueron trasladados a Uruguay para cumplir allí la condena, les fuese concedida en Uruguay la libertad condicional hace algunos días (impunidad encubierta).

 

Finalmente indicar, en cuanto a los nacionales uruguayos detenidos desaparecidos en Chile, hay todavía un juicio pendiente por el caso de Juan Ángel Cendán Almada y  Alberto Fontela Alonso (detenidos el 12 de septiembre de 1973 en Santiago, llevados a la Escuela Militar y de allí al Regimiento "Tacna"), caso en que se hemos solicitado el procesamiento de dos agentes, a la época oficiales del Ejército del área de  Inteligencia, siendo negada esa petición por el tribunal, por lo que se apeló y en las próximas semanas la Corte de Apelaciones debiese conocer el caso y decidir si mantiene la decisión u ordena procesar a esos agentes.

 

(*) Abogado especializado en Derechos Humanos.

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